La Compañía Metropolitana de Madrid quiere convertir sus instalaciones de la plaza de Castilla (con una extensión de 1,8 hectáreas) en su gran centro de mando. Lo que en un tiempo fue cabecera de la Línea 1, y que hoy son unas cocheras en desuso desde 2013, albergará el Centro Integral de Transporte, que incluirá el museo del ferrocarril suburbano madrileño, el centro de mando y las oficinas centrales. El Colegio Oficial de Arquitectos ha convocado un concurso de proyectos para llevar a cabo la remodelación y que se fallará el 30 de este mes. La iniciativa ha despertado recelos en asociaciones de defensa patrimonial.
Detrás de las Torres Kio, en un espacio de 160 metros de longitud por 110 metros de ancho bajo estructuras con techos en forma de sierra rematadas por cinco picos, las instalaciones de Metro cuentan allí con 22 hangares, a los que acceden otros tantos pares de vías férreas. La compañía contempla ubicar allí su museo, su sede central -hoy en la calle de Cavanilles-, también el puesto subterráneo de comando de los ferrocarriles –hoy en Alto del Arenal, Vallecas-, así como el control que rige la red de estaciones, desde ascensores a escaleras mecánicas. Completará la iniciativa un estacionamiento de automóviles.
El problema es que aún no existe el visto bueno para la tramitación oficial completa del proyecto -especialmente la distribución de los espacios interiores- que deberá ser consensuada en el seno del Consorcio de Transportes, donde el Gobierno regional y el Ayuntamiento deciden en paridad.
Las instalaciones se encuentran situadas entre las calles de San Benito, San Aquilino, la de las Magnolias y la Avenida de Asturias. Datan de 1966. Muestran una arquitectura inspirada en diseños fabriles nórdicos, orientados al norte para aprovechar la luz difusa y sin reflejos. Su estructura fue copiada en la estación barcelonesa de Can Boixerau.
Contradicción
“La propiedad”, según Juan Bravo, consejero-delegado de Metro, “está abierta a cualquier opción de proyecto incluida la conservación de la arquitectura preexistente”, precisa- “ya que será el Colegio de Arquitectos quien decida qué se llegará a hacer sobre el recinto metropolitano”. Esta afirmación la contradice un “proyecto de demolición elaborado por Metro, que mantiene el muro perimetral de fábrica de cierre del solar, si bien dentro del alcance del presente concurso se deberá contar con su demolición y plantear una nueva solución para resolver el perímetro del ámbito dentro de la propuesta a nivel urbano”, según se establece en las bases del concurso presentadas a los concursantes.
José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos, subraya por su parte: “Más que un concurso de ideas es un concurso de proyectos”. Su dotación final al ganador será de 1.863.771,75 euros. Y añade: “No me consta que las naves de las cocheras estén protegidas o catalogadas”.
Por su parte Juan Bravo destaca: “Lo único que falta por aprobar es la distribución de las volumetrías y de los espacios interiores”. La superficie a construir abarcaría 18.000 metros cuadrados, apunta. Incluiría tres torres, una tercera parte de cada una podría ser destinada a alquileres o usos comerciales. La previsión es destinar 1.712 metros cuadrados a dotaciones municipales. “Sería deseable que en el interior del nuevo espacio creado existiera una zona ajardinada de libre acceso al público, semejante a la que posee el Colegio de Arquitectos de la calle de Hortaleza”, añade Bravo, exconcejal de Hacienda con Alberto Ruiz Gallardón.
La probable demolición de la construcción, exponente de la arqueología industrial madrileña, inquieta a algunas personas y entidades de defensa del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Es el caso de la asociación “Madrid, Ciudadanía y Patrimonio”, involucrada ahora en otra lucha, la de salvar de la piqueta las cocheras de Metro en Cuatro Caminos, diseñadas por Antonio Palacios Rámilo, arquitecto del ferrocarril metropolitano y autor de importantes edificios madrileños como el palacio de Comunicaciones o el Círculo de Bellas Artes.
Las dudas surgen ahora en torno a si existe un hilo conductor “político” entre las cocheras de Cuatro Caminos (donde más de 400 cooperativistas habían adquirido los terrenos a Metro para levantar sus casas, pero que han sido paralizadas por el Ayuntamiento por incumplir el plan general) y las de la plaza de Castilla. Para el arquitecto Álvaro Bonet, portavoz de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, “los planes generales de ordenación tratan de equilibrar el urbanismo de la ciudad de Madrid”. Y agrega: “Cuando una entidad como Metro impone condiciones a ese plan, está alterando el fin equilibrador del planeamiento urbano”. No obstante, hay un plan especial, que data de 2013, aprobado por el Ayuntamiento bajo el mandato de Ana Botella, que autorizaba la construcción de las torres en la plaza de Castilla.
A juicio de Bonet, la decisión de llevar a la plaza de Castilla el museo del Metro –hay hasta 12 series, de hasta 40 vagones, usados a lo largo de la historia metropolitana- “parece una rabieta de la Compañía del Metro ante el varapalo legal que ha recibido por actuar de manera ilegal en las cocheras de Cuatro Caminos”.
Y subraya: “desenraizar el futuro Museo del Metro del lugar natural que debiera ocupar, en las cocheras de Cuatro Caminos, y llevárselo a la plaza de Castilla implicará transgredir el principio de autenticidad, de ubicación original que debiera tener un bien, como es el caso de las cocheras de Antonio Palacios, las primeras y más importantes por él creadas”. Además, señala “meter en la plaza de Castilla sus oficinas centrales, puesto de mando y control de instalaciones reducirá mucho el espacio para el propio museo, que necesitará de amplia instalación para exhibir las 12 series de trenes, casi 40 vagones, que ahora conservan en Arganzuela”. Fuentes municipales destacan por su parte: “Mientras no haya nada ilegal no debemos pronunciarnos al respecto”.
La incertidumbre planea en torno a si las opciones alternativas incluidas en los proyectos arquitectónicos deben necesariamente pasar por la demolición en la plaza de Castilla de este vestigio de la arqueología industrial de la ciudad de Madrid, considerada esta históricamente como uno de los polos industriales más importantes de España.
Cinco proyectos serán seleccionados por un jurado formado por Gobierno regional, Ayuntamiento y Colegio de Arquitectos, que emitirá su fallo el 30 de junio. Cada uno de los seleccionados percibirá 10.000 euros. Pero lo harán sin que se sepa aún cuál va a ser la precisa distribución espacial interior de los 18.000 metros cuadrados edificables: “todo parece recordar a las operaciones inmobiliarias del pasado inmediato, que tantos disgustos nos han deparado a los madrileños”, dice un vecino, José María Fernández, residente en la cercana avenida de Asturias.
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